Guaidó continúa lucha en tribunales cobro de Crystalex a CITGO

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Guaidó continúa lucha en tribunales cobro de Crystalex a CITGO

La sede central de CITGO en EE.UU. está situada en el área del Corredor Energético de Houston, Texas.​
Sede central de CITGO en Estados Unidos, situada en el área del Corredor Energético de Houston, Texas.
CARACAS – El gobierno interino de Venezuela expuso este jueves tres nuevos argumentos en el último día para presentar una moción ante la Justicia de Estados Unidos y así evitar que la minera canadiense Crystallex confisque las acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa, para cobrar su deuda tras una decisión judicial.

En rueda de prensa virtual, Carlos Vecchio, embajador del gobierno interino de Venezuela en EE.UU., explicó que el primero de los argumentos es que no se puede ir a un proceso de liquidación y venta de PDV Holding, dueño de Citgo, porque los hechos que tomó en cuenta el juez, en 2017, para decir que la deuda de la República podía ser cobrada con activos -en este caso de Pdvsa- era bajo el argumento del “alter ego del gobierno de Venezuela”, confundiendo a la República con las empresas del Estado.

Es decir, apuntó el funcionario, bajo el gobierno interino, son personas jurídicas distintas, con independencia, y la demanda de la minera canadiense es contra el Estado venezolano, no contra Pdvsa u otras empresas estatales.

El segundo argumento presentado, explicó Vecchio, es que existe una Orden Ejecutiva vigente que protege Citgo y que, para poder embargarla, se necesitaría una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Tesoro de EE.UU.

El tercero y último es que de acuerdo con las leyes de Delawere, estado en el que se celebra el proceso judicial, no se puede proceder ejecutar un embargo de unas acciones sobre las cuales no se tiene un certificado físico.

La compañía está bajo el control de la junta directiva nombrada por el gobierno interino del presidente encargado, Juan Guaidó, y cortó los lazos con PDVSA.
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¿Cómo se ha desarrollado el caso?
El gobierno venezolano, precedido por Hugo Chávez, expropió en 2011 activos de Crystallex en el país, lo que llevó que la minera recurriera y ganara un arbitraje internacional, en el que se le ordenaba al Estado venezolano pagar más de 1.000 millones de dólares a modo de compensación.

En 2017, tras no cumplirse con la deuda, Crystallex acudió a los tribunales de Delawere, en EE.UU., donde se ratifica el pago.

“La negligencia de Nicolás Maduro, representando a la República, nos ha llevado a donde estamos el día de hoy. De no defender y presentar los argumentos apropiados”, afirmó Vecchio este jueves.

El representante del gobierno interino añadió que, en el 2018, la minera logró un embargo de las acciones de PDV Holding y el gobierno de Nicolas Maduro, “aún teniendo los recursos legales que pudo haber ejercido”, firma una transacción “fraudulenta” de 400 millones de dólares con bonos.

En el 2019, cuando Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramenta como presidente interino, nombró una nueva junta directiva de CITGO y armó un equipo legal para actuar ante los tribunales.

Crystallex presentó la transacción de 2018 en el juicio, pero el embajador asegura que, en vez de presentar la firmada por la República y la minera canadiense en español, la que fue expuesta en el juicio -en inglés- está firmada por la República, la minera y Pdvsa.

Por esto, y por el documento presentado en 2018 sobre cómo sería la venta de la filial venezolana, Vecchio afirma que el gobierno de Maduro tenía un “plan claro de liquidación de Citgo”.

Ante el impago de una deuda de 1.400 millones de dólares a Crystallex, un juez en el estado de Delaware decidió el año pasado que la empresa canadiense podría anexarse activos de CITGO.
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¿Qué sigue luego de los argumentos?
Según el representante del gobierno interino de Venezuela, se celebrará una audiencia pública a mediados de julio, en la que ambas partes presentarán todos los elementos y réplicas, y el juez anunciará cuándo emitirá su decisión final sobre el caso.

El gobierno en disputa argumenta también que, de ser el caso, la ley de Delaware establece que es el deudor quien debe dirigir la venta o liquidación, que se debe maximizar el valor de la empresa, Citgo, y que solo se puede vender para cumplir con la deuda.

Se estima que Citgo está valorada aproximadamente por 10.000 millones de dólares.

En caso de no tomarse en cuentas los argumentos presentados, Vecchio afirma que “aún así está protegida Citgo” por la Orden Ejecutiva y que otorgar la licencia es potestad del Departamento de Tesoro.

“Nosotros tenemos confianza, por todas las conversaciones que hemos tenido, que esa Orden Ejecutiva se va mantener para la protección de Citgo”, aseguró.

Vecchio destacó que esta no es la única deuda del Estado venezolano y lo que busca el gobierno interino es reestructurarla de la forma ordenada.

“Crystallex es apenas el 0,00% de la deuda. Son 150.000 millones de dólares. Hacer eso desordenadamente, liquidando los activos, lo que va generar es mayor problema”, indicó.

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