Deportan por segunda vez abogado defensor de Alex Saab

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Cabo Verde han impedido la entrada al país a uno de los abogados del empresario colombo-venezolano Álex Saab detenido a petición de Estados Unidos como supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro,

Su argumento es que “no pudieron fundamentar el motivo del viaje”, según ha informado el propio bufete de abogados defensores, ILOCAD, en un comunicado.

De esta forma, indicaron que el abogado fue deportado en dos ocasiones al tratar de acceder a Cabo Verde desde el Aeropuerto Internacional Nelson Mandela en la capital del país, Praia, donde iba a asesorar legalmente a Saab.

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“A pesar de demostrar las razones legítimas y la necesidad objetiva de ingresar en Cabo Verde, y de cumplir plenamente en términos de la prueba covid-19, las cartas de invitación, el propósito del viaje y estar dispuesto a pagar las tasas aeroportuarias en el propio aeropuerto como se ha permitido normalmente y como lo reconoce la propia aerolínea, se impidió mi acceso por un motivo aleatorio”, aseguró el abogado.

ILOCAD destacó que se trata de una acción “arbitraria y sorpresiva”, pues aseguran que tenían toda la documentación necesaria y habían cumplido con el pago de todas las tasas.

El director de ILOCAD, el exjuez Baltasar Garzón, ha considerado esta acción “intolerable” y dirigida a “perjudicar gravemente el ejercicio de la defensa” de Saab.

Además, ha resaltado “la persecución política de la que está siendo objeto (Saab) a través de un proceso de extradición injusto e instrumental por parte de Estados Unidos en su confrontación con el Gobierno venezolano del que Saab es enviado especial”.

Por ello, informó que apelarán esta situación en las instancias jurídicas correspondientes y en la relatoría de las Naciones Unidas para la independencia de los jueces y de los abogados.

“Esta es una evidencia más de las limitaciones que se están imponiendo. Es una obviedad que se están poniendo trabas para que nuestro cliente, Álex Saab, pueda acceder a su derecho de defensa”, afirmó Garzón.

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Desde su despacho subrayó que se trata de una “formalidad” que se podía haber subsanado, por lo que han considerado que hay órdenes “concretas” para que los implicados en esta causa tengan “dificultades máximas” para realizar su trabajo.

El empresario colombo-venezolano presentó este mismo sábado un recurso ante el Tribunal Supremo del país africano para tratar de frenar su extradición, alegando que hay razones políticas detrás de su arresto.

presentó un recurso ante el Tribunal Supremo del país africano para tratar de frenar su extradición, alegando que hay razones políticas detrás de su arresto.

El Tribunal de Apelación de Barlovento aceptó el 31 de julio la extradición de Saab a Estados Unidos, pero el equipo de defensa del empresario, del que forma parte el exjuez Baltasar Garzón, recurrió ante el Supremo para que se pronuncie, lo que paralizará por ahora cualquier medida.

La máxima corte tiene 80 días para pronunciarse y podría hacerlo tanto sobre el procedimiento seguido en la instancia inferior como sobre la extradición en sí. En caso de que avale el traslado, sus abogados ya han anunciado que agotarán todos los mecanismos nacionales e internacionales para intentar frenarlo.

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Garzón subrayó en un comunicado que el caso tiene “carácter político”. “Instamos a las autoridades caboverdianas a reconocer plenamente esta realidad”, declaró, considerando que está en juego “la vida y la libertad de una persona acusada de fechorías, con base en evidencias de testigos desacreditados”.

Según el exjuez, “Estados Unidos no ha presentado ni una pizca de evidencia para fundamentar esas acusaciones”, sino que “es grandilocuente y sensacionalista en beneficio del Ejecutivo (de Donald Trump) más que en interés de la justicia”.

Saab, detenido en junio, también ha solicitado la intermediación del Gobierno caboverdiano y esta semana envió una carta al primer ministro del archipiélago africano, Ulisses Correia, en la que le pide que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela, insistiendo que es víctima de un proceso “motivado políticamente”.

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